La revista RAZÓN Y FE pretende contribuir, desde el análisis, el diálogo y la propuesta, a la reforma integral que España requiere. Se adjunta a este correo el editorial La reforma integral de España: un reto para todos publicado en su número de diciembre pasado.

Por otra parte, la web de la revista ha recopilado y puesto a disposición de sus lectores una selección de los artículos y editoriales publicados en los últimos años sobre este asunto tan necesario, que a lo largo del año 2014 irán incorporando nuevos materiales que fecunden esta reflexión y compromiso:

http://www.razonyfe.org/reforma-integral-de-espana#ancla

Al objeto profundizar sobre este tema RAZÓN Y FE junto con el Centro de Reflexión ‘Alberto Hurtado’  organizó el pasado día 30 de octubre de 2013, una jornada de debate con unos cincuenta participantes del ámbito político (incluyendo media docena de diputados de cuatro grupos parlamentarios), universitario, empresarial, eclesial, social y cultural. La jornada comenzó con tres breves intervenciones de cuestiones políticas, económicas y sociales, a cargo de Agustín Blanco (antiguo alumno del colegio de la Inmaculada de Gijón y director de la Fundación Encuentro), Alfredo Arahuetes (decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Comillas) y Guillermo Fernández (sociólogo de la Fundación Foessa), terminando  con un coloquio moderado por Gonzalo Fanjul. 

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LA REFORMA INTEGRAL DE ESPAÑA: UN RETO PARA TODOS

RESUMEN: Este editorial ofrece un marco de análisis, de diálogo y de propuesta acerca de la situación que vive España y de la necesaria reforma que debe acometer. No se trata de meras reformas puntuales o fragmentarias, sino de una verdadera reforma integral.

El reto que tenemos ante nosotros es de tal envergadura que afecta al proyecto de nación, que ha quedado resquebrajado en muchos ámbitos y ha llegado a niveles muy bajos de credibilidad y de adhesión por parte de la ciudadanía. Agrupamos las propuestas en tres bloques (político, económico y social), más con la pretensión de contribuir a un debate abierto que con la idea de ofrecer unas propuestas cerradas. Defendemos, en todo caso, la reforma de los partidos políticos, de la Justicia y del sistema autonómico; apostamos por un modelo económico que sea realmente de economía mixta, social y de mercado; defendemos un Estado del bienestar renovado y vigoroso y creemos que, desde ahí, es preciso también abordar la reforma educativa y sanitaria.

PALABRAS CLAVE: España, reforma integral, debate abierto, reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales.

Spain’s comprehensive reform: a challenge for all of us 

ABSTRACT: This article provides an analytical outline and a framework for dialogue and of proposals for the situation in Spain and for the necessary reform it must undertake. The goal is not mere one-off or piecemeal reforms but a genuine comprehensive reform. The challenge before us is of such a scale that affects the Nation Project, which has been broken up in some areas and reached low levels of credibility and accession in the citizens‘ eyes.

The proposals can be grouped into three blocks (political, economic and social) aiming to contribute to an open debate instead of providing some closed suggestions. The reform can anyhow be defended from political parties, Justice and from the autonomy system. We give a greater importance in a joint economy, made of a mixed, social and a market economy model. And we also stand up for a renewed and a strong welfare state. We believe that addressing the educational and reform from the same point of view is required.

KEYWORDS: Spain, comprehensive reform, open debate, political reforms, economical reforms and social reform.

La crisis que llevamos años sufriendo es mucho más que una crisis pasajera o coyuntural y, por tanto, mal haríamos en pretender salir de la misma como si todo siguiese igual. A pesar de algunas declaraciones, da la impresión de que esa es precisamente la ilusión de muchos ciudadanos y, desgraciadamente, de casi todos los políticos. No se trata
sólo de confundir reformas con recortes (como desgraciadamente está ocurriendo), sino también de no calibrar la hondura de las reformas necesarias. Puede haber una batería de reformas muy grande (y, viernes tras viernes, el Consejo de Ministros va aprobando un buen número de ellas) que, sin embargo, no responda a la hondura de la realidad. 

Se trataría, entonces, de aquella máxima nefasta de Il Gatopardo: «Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie».

 
En realidad, la situación que vivimos en España es mucho más que una crisis pasajera; no es sólo que se esté resquebrajando casi todo el entramado institucional del Estado (monarquía, parlamento, judicatura, modelo de bienestar, acceso al empleo, sistema de salud, modelo autonómico…) con unos niveles de legitimidad bajísimos. Es que los retos que vivimos son de tal envergadura que han hecho tambalearse el proyecto español en cuanto tal.

Por ello, nos parece que debemos aprovechar esta tesitura para reflexionar sobre la reforma integral que necesita España. Lo queremos hacer con sosiego pero con urgencia, con rigor y sin apasionamientos partidistas, humildemente pero desde la responsabilidad. Por supuesto, no somos ni los primeros ni los únicos en emprender esta tarea. La nuestra quiere ser una más entre las contribuciones que ayuden a que nuestro país salga de manera reforzada de la profunda crisis en la que está inmerso. Nos unimos también, de manera explícita, a las aportaciones realizadas en el ámbito de la Compañía de Jesús, concretamente por el sector de apostolado social (documento «Crisis prolongada, solidaridad reforzada», en octubre de 2011) y por Unijes, universidades jesuitas (documento por la regeneración democrática, en julio de 2013). En este contexto, y junto con el Centro de Reflexión Alberto Hurtado, que la Compañía de Jesús ha puesto en marcha recientemente en Madrid, convocamos una jornada de debate en el
otoño de 2013.

En este editorial presentamos los temas principales, agrupados en tres bloques, y desarrollando de manera incipiente las propuestas o líneas por las que nos parece debe avanzar el diálogo. También hemos abierto una sección especial en nuestra página web, donde hemos recopilado más de medio centenar de editoriales y artículos firmados que, sobre estas cuestiones, hemos ido publicando en los últimos años. A lo largo del año 2014, Razón y Fe publicará una serie de artículos que buscan editorial ofrecer material para el diálogo sereno y el debate constructivo en
torno a lo que nos parecen ser algunos de los temas mayores de la reforma integral que necesitamos acometer. En definitiva, con todo ello queremos animar al diálogo, a la propuesta y a la deliberación para, entre todos, acometer el reto que tenemos entre manos como sociedad.

Bloque político

Reforma de los partidos políticos

A la muerte de Franco, era urgente y necesario fortalecer los inexistentes o muy débiles partidos políticos. La transición a la democracia lo exigía como condición sine qua non. Esta necesidad hizo que se tomaran medidas potenciadoras de los partidos que sólo debieron ser transitorias, pero que se han mantenido en el tiempo
llegando a generar efectos perversos. De entre ellos, destacamos dos. Por un lado, una ley electoral que da todo el poder a las siglas; en realidad, los candidatos son títeres de los partidos, piensan más en ganarse la confianza de sus jefes que en los intereses de los ciudadanos y los votantes eligen siglas, no personas. Por otro lado, se ha instaurado un sistema muy opaco en la financiación de los partidos, que ha favorecido la creación de cadenas de cohechos propios e impropios.

En este contexto, nos parece que necesitamos abordar varias cuestiones de manera urgente. Por un lado, una reforma efectiva de la ley electoral; hay varias posibilidades que se pueden considerar: sistema mayoritario, sistema de listas abiertas, sistema alemán de doble voto (uno para la circunscripción y otro de ámbito nacional en el que se acumularían todos los votos no útiles para la asignación de escaños territoriales). En segundo lugar, se hace imprescindible una nueva ley de partidos que, entre otras cosas, aclare su financiación y asegure la transparencia;
debe crearse la figura del inspector externo y ejecutivo que castigue las malas prácticas económicas, incluida la posibilidad de instar judicialmente la suspensión. En tercer lugar, se requiere una normativa clara para la democracia interna de los partidos: deben introducirse medidas efectivas que mejoren los sistemas de renovación de cargos, aprobación de programas, control interno y votación de candidaturas.

Reforma de la Justicia
Aunque no sea mayoritario, entre los jueces —como en todas las profesiones— ha habido siempre quien se deja corromper por presiones, dinero o por sus propias ideas políticas y religiosas. En nuestro país, el sistema judicial funciona con un nivel razonable de independencia en los niveles ordinarios, pero a medida que subimos en
el escalafón, aumentan las presiones y los juegos de poder, disminuyendo la necesaria independencia judicial. Concretamente, en el momento actual asistimos a dos vicios del sistema: Por un lado, la politización de la Justicia, propiciada por el sistema de elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que en parte refleja las mayorías parlamentarias. 

Se puede predecir que el Tribunal Constitucional fallará a favor de las causas instadas por el partido que más afines tiene en él y en contra de las causas instadas por el partido que presentó a la minoría. Ello hace que las tesis del gobierno casi siempre triunfen, aunque haya que cambiar cinco veces de ponente como sucedió en el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña. Como la renovación de los magistrados del Constitucional no coincide con las elecciones, puede haber un período en el que no triunfen los expedientes del gobierno, sino los de su predecesor. 

Por otro lado, la judicialización de la vida política. Se ha consolidado entre la oposición, de cualquier color, la práctica de obstruir la acción de gobierno mediante recursos de inconstitucionalidad o mediante recursos ante los tribunales ordinarios. Si se pierde en un tribunal, se recurre, se presentan denuncias en otros juzgados, se instan autos de
nulidad o de reforma hasta que se encuentra un juez que falle a su favor. Ya en febrero de 2008 publicamos un editorial titulado precisamente Politización de la Justicia y judicialización de la vida política. Varias de las propuestas sugeridas entonces siguen vigentes hoy, y desde ellas podemos plantear las siguientes cuestiones pendientes: Cómo y en qué sentido se deben modificar los mecanismos para elegir a los magistrados y jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Cómo impulsar una Ley de Planta de la Justicia en la que se fijen racionalmente las plantillas, las cargas de trabajo, los tiempos máximos de instrucción y, si es preciso, se amplíe el número de jueces. Cómo aprobar medidas drásticas y eficaces contra el retraso culposo de la Justicia; en este momento hay pleitos que tardan más de diez años en ser resueltos (los cincuenta años que ha tardado en llegar la sentencia sobre la Talidomida suponen el colmo de los despropósitos).

Reforma de las autonomías
Como afirma la declaración antes citada de las Universidades Jesuitas, «para unos y para otros, la ordenación territorial del Estado es fuente de decepción continua y de tensión. Desde la afirmación serena, pero consistente, de una realidad plural de España y de una Constitución abierta a las reformas necesarias, hemos de recuperar los consensos prácticos —también el consenso constitucional— que hagan viable un sistema que, sin llegar a ser perfecto, obtenga un mayor grado de aceptación que el actual y que garantice los grados deseables de cohesión y de solidaridad. Para ello, si queremos ser una sociedad democráticamente avanzada y respetuosa de los derechos humanos de todos, el diálogo es necesario y ha de ser responsablemente promovido y cuidado por todos los actores socia les y políticos». Es claro que el clima político actual está lejos de este planteamiento y, de hecho, parece
que se tienden a agudizar las tensiones, como pone de manifiesto la convocatoria del referéndum en Cataluña.
El modelo autonómico buscó, de manera original y equilibrada, armonizar la unidad del Estado con la descentralización y el respeto a las diferencias regionales. Su desarrollo a lo largo de estas décadas ha propiciado una cierta estabilidad, frágil aunque real, no exenta de tensiones pero suficientemente armónica. En estos momentos, nos encontramos con varios problemas de difícil solución: 

a) Una cierta disfuncionalidad en un mundo cada vez más globalizado: se duplican las atribuciones, se rompe la unidad de mercado, se establecen diferencias en el ejercicio de derechos y en la prestación de servicios…

b) Inviabilidad económica: el gasto público se ha incrementado, el déficit se cronifica y tiende a crecer, proliferan los entes autonómicos con criterios no siempre racionales, aumenta el funcionariado de manera no necesariamente eficiente…

c) Queda en entredicho la cohesión nacional: las fuerzas independentistas crecen en Cataluña y Euskadi, en los otros
territorios aumenta también la desafección ante lo español y, en conjunto, se asienta cierta insatisfacción ante el modelo vigente.

En este apartado es donde quizá sea más grande la distancia entre la capacidad de diagnosticar la situación y la capacidad de elaborar propuestas. Mientras que algunas voces apuestan por reformar o suprimir, total o parcialmente, la autonomía de las regiones, otras defienden un Estado federal; algunos quieren negociar un nuevo estatuto para las llamadas nacionalidades históricas, y otros siguen defendiendo el ‘café para todos’; por un lado, se apunta a la necesidad de marcar un techo competencial claro e incluso a veces se sugiere que el gobierno central recupere competencias, sobre todo en educación (como primer factor de cohesión) y en sanidad (como primer factor de igualdad); por otro lado, los sentimientos independentistas y los planteamientos secesionistas adquieren nuevos bríos. 

Siendo conscientes de que no podemos limitarnos a propuestas demasiado genéricas, nos parece que en estos momentos es muy importante recordar algunos principios básicos. Primero, poner todos los esfuerzos en mantener el diálogo y en suscitar consensos lo más amplios posibles. Segundo, no dar saltos al vacío ni romper prematuramente un modelo autonómico, que, aunque frágil, ha proporcionado suficiente estabilidad durante más de tres décadas, toda una generación. La reforma en el modelo de la ordenación territorial de Estado es necesaria, pero no llevará a buen puerto si se hace desde la confrontación, la polarización o la improvisación: podemos fácilmente acabar en una situación peor que la que actualmente tenemos.

Bloque económico

Reforma de la economía social de mercado

Cuando se inició la crisis económica y financiera, hubo voces que apuntaron a la necesidad de una reforma urgente y profunda del capitalismo (Nicolas Sarkozy en diciembre de 2008). Sin embargo, la realidad es que la gestión de la misma crisis ha ido en una dirección totalmente contraria y que, en estos momentos, empiezan a crecer los
discursos que creen atisbar una salida a la crisis ‘como si no hubiera pasado nada’, como si todo pudiese seguir igual. En este contexto, nos parece necesario recordar que el artículo 131 de la Constitución Española afirma que «el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución». Si bien es cierto que en el trasfondo de este artículo puede verse la discusión ideológica de los años setenta, con la planificación centralizada de cuño soviético en el horizonte lejano, lo cierto es que la realidad ha ido por otros derroteros: no se ha realizado tal planificación (y, de hecho, buena parte de la crisis que padecemos se
debe a la incapacidad del poder político de controlar al poder económico). Lo que sí ha ocurrido en las últimas décadas ha sido la proliferación de planes sectoriales plurianuales en diversos ámbitos de la actividad. Estas medidas suponen la traslación al ámbito político de la corriente empresarial de la planificación estratégica, ahora tan en
boga. Sin embargo, el mandato constitucional apunta en otra dirección, ya que indica claramente que la planificación de la economía responde a tres motivos, todos ellos centrados en el bien común: atender a las necesidades colectivas, fomentar la cohesión social y redistribuir la riqueza con justicia y equidad.

Estos principios políticos tienen resonancia con algunas intuiciones del papa Francisco recogidas en la reciente exhortación apostólica "Evangelii Gaudium: «Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías
que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera" (EG, 56). Por ello, el papa defiende una reforma económicofinanciera anclada en la ética, para lo cual es necesario «un cambio de actitud enérgico por parte de los dirigentes políticos, a quienes exhorto a afrontar este reto con determinación y visión de futuro, sin ignorar, por supuesto, la especificidad de cada contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar!» (EG, 58). Subrayando la primacía del ser humano y, desde ella, la opción por los pobres y excluidos, el papa Francisco alza su voz profética para recordar que «así como el mandamiento de “no matar” pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir “no a una economía de la exclusión y la inequidad”. Esa economía mata» (EG, 53).

Algunas propuestas para España

En esta sección intentamos aplicar algunos de los principios anteriormente señalados a la situación española, ofreciendo algunas propuestas y pistas para la deliberación. Mucho énfasis se está poniendo para normalizar el flujo de crédito de la banca a empresas y particulares, lo cual exige terminar de sanear los balances de los bancos,
con la ayuda europea. Pero, al mismo tiempo, parece claro que la economía española necesita otras medidas que no siempre se tienen suficientemente en cuenta.

Es vital cambiar el patrón de gasto de la economía española: gastar de otra manera y evitar la dinámica consumista. Por un lado, el gasto privado y público no puede crecer más que lo que crece la renta y la recaudación fiscal, evitando el sistemático recurso al endeudamiento.

Por otro lado, el gasto ha de ser inteligente, lo cual quiere decir que debemos primar gastos que mejoren el potencial productivo de la economía (tales como educación, formación profesional, investigación, desarrollo, innovación).

Las finanzas públicas (el sistema fiscal y el gasto público) son buenos instrumentos para evitar el sesgo consumista y el endeudamiento. No da lo mismo que el sistema fiscal contenga unos u otros incentivos, ni registre un alto grado de fraude fiscal. Ni da lo mismo que el gasto público esté lastrado por la estructura político administrativa (con
muchos solapamientos) en vez de estar orientado a mejorar la educación, la formación profesional y la I+D+i. España necesita otro sistema fiscal (más suficiente, eficiente y equitativo) y otro gasto público, en el que los recortes del gasto público no pierdan el norte y respondan a prioridades claras con vistas a superar el paro, el endeudamiento y la
falta de cohesión (desigualdades).

También es preciso impulsar y acelerar la orientación exportadora de las empresas españolas, mejorando la competitividad de las empresas. Ello requiere muchas cosas, entre ellas, terminar de lograr un entorno (administrativo, financiero, fiscal, laboral) incentivador de la dinámicaempresarial innovadora. No es responsabilidad del gobierno que haya emprendimiento e iniciativa empresarial, pero sí es su responsabilidad favorecer las condiciones que lo hacen posible. 

Asimismo, es necesario mejorar el proceso de formación de precios y rentas, evitando la dinámica inflacionista. Controlar la inflación es importante, entre otros motivos porque penaliza las exportaciones. Al mismo tiempo, es importante lograr también que salarios y dividendos crezcan de manera moderada, de acuerdo con el crecimiento de la productividad. A este respecto, las negociaciones laborales pueden cumplir un importante papel, pero para ello es
necesario que los agentes sociales superen visiones partidistas, interesadas o de confrontación, para actuar con altura de miras, tal como la situación exige. 

Finalmente, queremos insistir en que es imprescindible que las administraciones públicas asuman una inteligente actuación redistributiva que, al propio tiempo que evita el crecimiento de la desigualdad, no dificulte la creación de empleo y el crecimiento de la productividad. Nuevamente el sistema fiscal y el gasto público (reforma de pensiones
incluida) tienen un importante papel al respecto.

Bloque social

Reforma del Estado de bienestar

Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental logró estabilizar el Estado de bienestar como marco de referencia compartido, fruto de consensos en el ámbito político y de cierto equilibrio entre las fuerzas sociales. Las políticas neoliberales, primero, y la gestión de la crisis actual, después, han ido deteriorando este consenso y haciendo más frágil su realidad. Aunque el mismo presidente del gobierno Mariano Rajoy declaraba recientemente que «el Estado de bienestar es un logro irrenunciable», la realidad no es tan clara. Los graves y generalizados recortes sociales, una corriente privatizadora que va más allá de la búsqueda de la eficiencia en la gestión y determinados cambios en el modelo de comprensión de los pilares del Estado del bienestar están socavando sus cimientos y poniendo en riesgo su sostenibilidad real. 

En este contexto, queremos reivindicar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, la defensa de un Estado de bienestar amplio, estable, renovado y vigoroso. Afirmamos que la solidaridad es un valor público y no meramente privado y que, por tanto, requiere mediaciones institucionales y estructurales que la hagan viable. Apostamos por lo
público y, al mismo tiempo, recordamos que lo público no se identifica sólo con lo estatal. No tenemos una visión estatalista de la solidaridad, pero menos aún apoyamos medidas que impliquen el desmantelamiento encubierto o la privatización de la solidaridad. Reivindicamos el papel de la sociedad civil y la ciudadanía organizada para crear un robusto tejido solidario, y al mismo tiempo reivindicamos el imprescindible papel del Estado en la redistribución de los bienes de cara a una mayor justicia y solidaridad.

Como ya señaló con claridad Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate, es falaz apelar unilateralmente a la (supuesta) eficiencia del mercado o dejar toda la responsabilidad a la (limitada) fuerza de la sociedad civil, sino que es imprescindible un papel activo del Estado a favor de la justicia, utilizando los medios normativos y coercitivos que le son propios. También existen los riesgos de la burocratización y del anonimato, pero por ello reivindicamos, desde el corazón de la enseñanza social de la Iglesia, la recuperación de la persona como sujeto del desarrollo y de la atención social. Para ello es importante conocer y centrarse en las relaciones personales y sociales haciendo sentir a las personas en necesidad que cuentan con el apoyo de instituciones públicas y de organizaciones sociales. Señalamos dos indicadores concretos para expresar operativamente estas convicciones y principios: que el porcentaje de gasto en protección social en España alcance la media europea, es decir, el 27% del PIB, y que a lo largo de esta
legislatura se llegue a dedicar un 0,4% del PIB anual a la lucha contra la exclusión social.

Reforma de la educación

Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), conocida como Ley Wert. Fue aprobada con los únicos votos favorables del Grupo Popular, lo que viene a plasmar que (una vez más) estamos ante una ley que nace muy lejos del necesario consenso político. Así ha sido en estas décadas de democracia: se han aprobado siete leyes orgánicas, pero todas nacieron con la oposición frontal de los otros grupos políticos, que desde el primer momento prometían derogarla en cuanto tuviesen ocasión de hacerlo. Todos apelan al consenso, pero nadie parece capaz de lograrlo. Tan grave, evidente y continuo es este hecho, que algunos de los actores implicados parecen haber ‘tirado la toalla’ y abandonado la posibilidad real de alcanzar dicho acuerdos. Nosotros no queremos caer en el derrotismo escéptico y hacemos, una vez más, una
llamada a favorecer diálogos, generar consensos e intentar acuerdos de Estado que den estabilidad al sistema educativo. Esto supone, en la medida de lo posible, desideologizar el debate, reconducir los intereses legítimos (identificando también los ilegítimos) y situar a la persona, al alumno, en el centro y no ponerlo en función de otros planteamientos, por ejemplo de carácter instrumental o mercantilistas. Los retos son amplios y complejos. 

Partiendo de este marco de situación, en esta ocasión sólo queremos esbozar un aspecto de la cuestión, referida al modelo mismo. Creemos que una reforma educativa en España que tenga posibilidades de estabilidad pasa por reconocer la existencia y reivindicar la valía de un modelo mixto de escuela pública. Uno de los elementos básicos de
nuestro diseño educativo (que no es tan común en otros países) es la existencia de una significativa red de colegios concertados. Determinadas posturas que defienden unilateralmente la escuela pública no parecen entender (quizá interesadamente) que nuestro modelo es más vigoroso en la medida que incorporamos a la iniciativa social en este servicio público que es la educación. Al mismo tiempo, esto significa que la escuela concertada no puede considerarse a sí misma como una escuela privada con ciertas imposiciones que se aceptan a regañadientes a cambio de una exigua financiación, sino como un verdadero servicio público que contribuye al bien común de la sociedad. Escribimos estas líneas en los días en que ha fallecido en el Perú el jesuita español Jesús Herrero, un educador que dedicó toda su vida al movimiento de educación popular integral Fe y Alegría. Tanto su autoconcepción institucional como su apuesta nítida durante décadas han estado a favor de una educación pública de calidad para todos (sobre todos los sectores más excluidos), desde la iniciativa social. Así lo reconoció la sociedad en su conjunto, como hemos podido leer estos días, por ejemplo en la nota necrológica publicada en un diario español de difusión nacional y de orientación bastante secular, que tituló «el jesuita que buscó fortalecer la educación pública». Esto es lo que significa (o debe significar) la enseñanza concertada, aunque esto mismo suponga cambios profundos en unos y otros sectores.

Reforma de la sanidad

De entre todas las reformas acometidas por el actual gobierno español, hay una que merece ser destacada porque su trascendencia no ha llegado al gran público de manera adecuada. Nos referimos a la reforma sanitaria plasmada en el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril. 

Por supuesto que ha habido bastante polémica y discusión pública en torno a esta medida, sobre todo en lo referido a la exclusión de la población inmigrante en situación irregular de la atención sanitaria. Pero nos parece que la opinión pública no ha sido consciente de la gravedad de esta medida, no ya por las dramáticas consecuencias que tiene para una población estimada de casi un millón de personas, sino porque ha supuesto, de facto, una modificación del modelo del sistema sanitario vigente. Hasta entonces, en España había un modelo sanitario universal (instaurado en 1986), pero desde 2012 la asistencia sanitaria no se presta a los «ciudadanos», sino a los «asegurados». El cambio es significativo, grave y, desde nuestro punto de vista, inaceptable. 

Lo llamativo es que una modificación de tal calado se haga a través de un Real Decreto-Ley y que éste lleve por título «de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y  eguridad  de sus prestaciones». Es decir, que se justifica esta medida desde los criterios de la modernización, la eficiencia y la
sostenibilidad del sistema. Por supuesto, las políticas de reforma de los sistemas sanitarios suelen incluir una serie de medidas orientadas (en distinta proporción y con planteamientos diversos) al control de gasto, la mejora de la gestión y la modificación de los modelos asistenciales. 

Más allá de lo ya indicado en la párrafo anterior, queremos concluir refiriéndonos a las tres tesis que el profesor de ética Raúl González Fabre ha señalado en una reciente publicación de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid: un sistema público de salud se acerca más a la justicia que un sistema privado basado en el mercado; hay buenas razones para dudar de que un sistema de gestión de la salud basado en el mercado resulte más eficiente que un sistema público; y la insostenibilidad económica del sistema público de salud deber ser abordada desde sus raíces, que son la productividad de la economía y la cuestión demográfica. ■